Investigado un conductor que provocó un accidente bajo la influencia de estupefacientes

Intentó darse a la fuga para esconder las drogas que portaba
 

En los análisis clínicos dio positivo en cánnabis y cocaína

Palma, 28 de septiembre de 2024.- Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) investigan al conductor de una motocicleta bajo la influencia de sustancias estupefacientes, tras chocar contra un autobús de la EMT. Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre a las 15:35 horas en el camino de Gènova a Sant Agustí.

Al llegar los agentes observaron como el motorista trataba de abandonar el lugar y al ser preguntado reconoció que su intención era esconder unas drogas que portaba.

El accidente ocurrió cuando el investigado, español de 36 años, perdió el control de su vehículo, cayó al suelo y derrapó hasta impactar contra el autobús que circulaba por el carril del sentido contrario. Al percatarse de la caída, el conductor de la EMT detuvo su marcha antes de producirse la colisión.

El motorista presentaba un estado de gran excitación y una notoria descoordinación motora. Los agentes le realizaron una prueba indiciaria de detección de drogas, con resultado positivo. Se le informó de su condición de investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

A consecuencia del accidente el motorista sufrió numerosas dermoabrasiones y fue atendido en el lugar por personal sanitario.

Posteriormente, las analíticas del laboratorio confirmaron el positivo en cannabis y cocaína.

Esta conducta puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión, de hasta doce meses de multa o de hasta noventa días de trabajos en beneficios de la comunidad y, en todo caso, hasta cuatro años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

El investigado fue denunciado por la tenencia de sustancias estupefacientes al intervenirle lo que parecía ser marihuana y hachís. Este hecho constituye una infracción grave a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, que puede ser sancionada con una cuantía mínima de 601 euros.